Imagen Nº 1: La APCI ; es como se indica en la imágen; la encargada de registrar las donaciones que reciben las ONGs ; en general; por parte del Estado Peruano y de entidades cooperantes del extranjero.
El Consejo por la Paz, a diferencia de todas las otras ONG’s, es una institución creada por ley para ocuparse de la vigilancia de los Derechos Humanos y la construcción de una cultura de paz en democracia, pero actúa y se desempeña con absoluta y total independencia administrativa y económica del Estado, del cual no depende ni recibe partida económica alguna para su sostenimiento.[3]
Imagen Nº 2: Francisco Diez Canseco; Presidente de la ONG “Consejo por la Paz” que vigila los DD.HH , actuando con total independencia del estado y que no recibe financiamiento alguno de este.
Como son personas jurídicas “sin propósito de lucro”, las ONG’s no tributan el Impuesto a la Renta, lo cual significa que de esos 1,200 millones de dólares, hay una participación del Estado del 30%, que representa unos 360 millones de dólares.[4] En este contexto es necesario aclarar que las ONG’s están exentas de pagar:
- Impuesto a la Renta: exoneración del pago del impuesto en la medida que sus ingresos (aún los comerciales) sean destinados a las actividades de interés social o público a ser especificados en la respectiva ley y que no distribuyan directa ni indirectamente los ingresos entre sus miembros; franquicias tributarias (sea mediante el mecanismo de crédito contra el impuesto o deducción como gasto de la renta imponible) a las donaciones que se realicen en favor de los ONG’s como un estímulo para la canalización de recursos en su favor (“filantropía” empresarial).[5]
- Impuesto General a las Ventas: exoneración a las donaciones que realicen las ONG’s como parte de sus proyectos (los cuales inclusive se podría establecer que sean oficializados o registrados para efectos del beneficio tributario) o que se realicen por parte de otros contribuyentes en favor de ellas. El problema principal es que las ONG’s muchas veces son incapaces de demostrar los verdaderos costos indirectos de sus proyectos.[6]
- Tributos a la importación (Impuesto General a las Ventas, Derechos Arancelarios y otros que resulten aplicables): exoneración a los tributos a la importación de bienes que realicen este tipo de organizaciones para la ejecución de sus proyectos o referir dicha exoneración a la importación de bienes donados. Se podría establecer inclusive un registro especial para el adecuado control de este beneficio.
- Exoneración o tarifa preferencial respecto de tributos municipales (tales como tasas por servicios públicos básicos o impuesto a los predios).[7]
- Devolución de Impuestos por parte del Estado que hayan “asumido económicamente” las ONG’s en las adquisiciones de bienes y servicios derivados de la ejecución de sus proyectos o programas, entre otros.[8]
En resumen, el Estado peruano pagó a las ONG’s, US$360 millones de dólares en ese período además de no pagar Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Tributos a la importación y la exoneración o tarifa preferencial respecto de tributos municipales.
En el año 2004, doce ONG caviares recibieron cerca de US$20.5 millones de dólares que representan casi el 30% del monto registrado por la APCI. En el 2005 recibieron casi US$22 millones 700 mil dólares, que representan un 23 por ciento del total. Todo ese dinero es de la cooperación internacional.[9]
El actual congresista de la República por Fuerza 2011, Alejandro Aguinaga, consideró que el trabajo de operadores judiciales de las fuerzas terroristas, que realizan algunas de las ONG, las favorece con remuneraciones millonarias y nadie sabe a dónde va a parar todo ese dinero.[10]
Según el ex ministro de Defensa Rafael Rey, los fallos favorables en los juicios que arman en contra del Estado llevan directamente el 40% de lo que se indemniza a las supuestas víctimas.[11]
Imagen Nº 3 : Alejandro Aguinaga; Congresista de Fuerza 2011; y Rafael Rey ; Ex Ministro de Defensa; dan a conocer las millonarias remuneraciones que perciben las ONGs Pro DD.HH así como los fallos favorables que consiguen con el apoyo de sus operadores infiltrados en el gobierno y en el Poder Judicial.
Dato: Aprodeh, la ONG que demandó al Perú por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, y que abogó por el MRTA en el Parlamento Europeo, viene asesorando a la madre del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como camarada “Tito”. Además ha trascendido de muchas fuentes, aunque Aprodeh lo ha negado, que “la directora adjunta de dicho organismo dedicado a la persecución judicial de militares y policías es Eligia Rodríguez Bustamante. Ante este cuestionamiento, el Diario OJO se comunicó con el abogrado de dicha entidad, Ronald Gamarra evitó confirmar o negar si Eligia Rodríguez, madre de la emerretista Luz Dina Villoslada, es o fue directiva de Aprodeh.[12]
Francisco Diez Canseco Távara del Consejo por la Paz, en su presentación ante la subcomisión que evalúa la cooperación internacional al Perú, reveló que 12 Organismos No Gubernamentales (ONG) de la llamada izquierda ‘caviar’ que se oponen a la ley que fiscaliza el destino de esos recursos, recibieron millones de dólares durante el gobierno de Alejandro Toledo, captados a través de la APCI.[13]
Estas Son las ONG’s que operan en el Perú, sus miembros y los montos de dinero en millones de dólares que manejan:
1. El “Instituto de Defensa Legal (IDL)”, Intervino en la administración de justicia del Perú desde el 2002 al 2004 para promocionar “reformas y transparencia” en el Poder Judicial. Recibió US$2’997,000 dólares para promocionar una supuesta justicia de paz, reformas y transparencia del Poder Judicial. Y del 2004 al 2005, a través de la cooperación internacional, obtuvo oficialmente US$5’724,949 dólares.
Integrantes de IDL:
- David Lobatón,
- Hans Landot Pardo (ex representante de Amnistía Internacional y esposo de Sofía Macher)
- Ernesto de la Jara Basombrío (primo hermano del ex viceministro del Interior toledista, Carlos Basombrío).
- Sofía Macher (ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ex miembro de la Comisión de la Verdad y actual encargada del Consejo de Reparaciones).
- Gonzalo Villarán de la Puente (hermano de Susana Villarán, quien fue ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ahora es alcaldesa de Lima.)
- Ricardo Soberón Garrido (hermano de Francisco Soberón, de Aprodeh).[14] Ricardo Soberón Garrido, miembro del equipo de Drogas y Democracia del TNI, es un abogado peruano especializado en el análisis del fenómeno del tráfico de drogas y las políticas de lucha contra los estupefacientes en la región andina. Fue Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) desde Julio del 2011 hasta Enero del 2012.
Imagen Nº 4: Consejo Directivo del Instituto de Defensa Legal – IDL
2. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió en el 2004 adicionalmente US$652,422 dólares de la cooperación internacional.
Integrantes:
Francisco Soberón,
Pedro Francke Balbe (jefe de Foncodes durante el gobierno de Toledo y hombre de confianza de Javier Diez Canseco).[15]
Imagen Nº 5 : Consejo Directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
3. La Comisión Andina de Juristas
Participó en temas de “derechos humanos, modernización de la justicia y del Tribunal Constitucional.”
Recibió en el 2003 de Suecia, Holanda, EE.UU., Canadá, Finlandia y Alemania exactamente 1’161,416 dólares para derechos humanos, modernización de la justicia y Tribunal Constitucional, y en el 2004 -de los mismos países y por los mismos conceptos- 957,669 dólares. En el 2005 solo de Estados Unidos recabó 142,480 dólares para auditoría social del Poder Judicial. Agregó que la CAJ recibió del 2004 al 2005, 1’867,899 dólares.
Miembros de la CAJ:
- Diego García-Sayán (ex ministro de Justicia de Paniagua, canciller en el gobierno de Toledo, fundador de Cepes y creador de la APCI, junto a su socio Mariano Valderrama y actual Presidente de la CIDH).
- Enrique Bernales Ballesteros (ex senador de Izquierda Unida, integró Desco, Transparencia y la Comisión de la Verdad).
- Renzo Chiri Márquez (secretario general del entonces Ministerio de Defensa que se opone al derecho de defensa para militares).
- Javier Ciurlizza (funcionario de la Comisión de la Verdad, jefe de asesores del Ministerio de Justicia durante el toledato, cargo donde tuvo amicales reuniones secretas con Abimael Guzmán previas a la formación de la Comisión de la Verdad, casado con Susana Hansenbak, ex subdirectora del INPE).[16]
Imagen Nº 6 : Consejo Directivo de la Comisión Andina de Juristas – CAJ
4. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es una institución privada dedicada a la “investigación, la enseñanza y la difusión de los estudios sociales sobre el Perú y otros países de América Latina.”
Recibió de la cooperación internacional US$ 1’171,043 dólares entre el 2004 y 2005.
Está integrado por:
- Cecilia Blondet Montero (integrante de Transparencia, ex ministra de la Mujer en el régimen de Toledo).
- Martín Tanaka Gondo (integrante de Transparencia).
- Julio Cotler (integrante de Transparencia).
- Carlos Iván Degregori (ex integrante de la Comisión de la Verdad).[17]
Imagen Nº 7 : Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos - IEP
5. La ONG Proética
ONG peruana “dedicada exclusivamente a luchar contra la corrupción.” Esta lucha se ubicó en la “prevención, la identificación y denuncia de problemas en las instituciones del país, que favorecen que se cometan actos de corrupción, para poder tratar aspectos estructurales y apoyar en las necesarias reformas que deberían implementarse.” Es socio de Transparencia Internacional.
Proética recibió de acuerdo con la APCI, US$726,869 dólares entre el 2004 y 2005.
Sus integrantes son:
- José Ugaz Sánchez Moreno (procurador y amigo de García-Sayán),
- Enrique Bernales (Comisión Andina de Juristas),
- Salomón Lerner Ghitis (Transparencia, ex presidente de Cofide y ex asesor de Toledo)
- Ricardo Uceda (IPYS).[18]
Imagen Nº 8 : Consejo Directivo de PROETICA vinculado a TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
6. La ONG Transparencia
Dedicada a “vigilar los procesos electorales y labores de educación y orientación del elector.”
Recibió US$1’333,498 dólares entre el 2004 y 2005, y tiene como integrantes a:
- Pepi Patrón.
- Sofía Macher.
- Cecilia Blondet.
- Francisco Eguiguren Praeli (Actual embajador del Perú en España. Eguiguren estuvo a cargo de la cartera de Justicia en el régimen de Ollanta Humala hasta diciembre del 2011, cuando renunció al cargo junto al Gabinete de Ministros que presidía Salomón Lerner).
- Rosa María Palacios (periodista),
- Allan Wagner Tizón.
- Enrique Bernales Ballesteros.
- Julio Cotler Dolberg.
- Rafael Roncagliolo Orbegoso (Actual Ministro de Relaciones Exteriores y cómplice de la confiscación del diario Expreso por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado).[19]
Imagen Nº 9 : Consejo Directivo de la Asociación Civil TRANSPARENCIA en el Perú
7. Movimiento Manuela Ramos
Asociación civil que trabaja en la promoción y difusión de los derechos de la mujer.
El movimiento Manuela Ramos recibió entre el 2004 y 2005 la suma de US$14’810,334 dólares.
Miembros:
- Gina Yañez de la Borda,
- Victoria Villanueva Chávez
- Teresa Fernández.[20]
Imagen 10 : Presidenta de la ONG “Manuela Ramos”
- La ONG Cepes:
El Centro Peruano de Estudios Sociales es una institución privada sin fines de lucro, fundada en 1976 especializada en temas de desarrollo agrario y rural.
Recibió entre el 2004 y 2005 la suma de US$3’742,439 dólares.
Sus miembros fundadores fueron:
- Diego García-Sayán
- Mariano Valderrama.[21]
Imagen Nº 11 : Consejo Directivo del Centro de Estudios Peruanos – CEPES
- Desco
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Es una organización no gubernamental de desarrollo para la “promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de las capacidades de los sectores excluidos del Perú.”
Obtuvo U$S 5’606,130 dólares entre el 2004 y 2005.
Socios fundacionales:
- Henry Pease
- Enrique Bernales
- Diego García-Sayán
- Jorge Santisteban de Noriega.[22]
Imagen Nº 12 : Consejo Directivo del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recibió 390,315 dólares entre el 2004 y 2005.
Miembros ejecutivos:
- Pablo Rojas Rojas,
- Carlos Basombrío,
- Francisco Soberón
- Sofía Macher.[23]
Imagen Nº 13 : Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
Las ONG’s Manejan fondos del Estado :
Francisco Diez Canseco Távara señaló que las ONG durante el gobierno de Alejandro Toledo no sólo manejaron fondos no gubernamentales, sino también fondos que el Estado consiguió del extranjero, de gobierno a gobierno.[24]
‘No solamente captan recursos no gubernamentales, sino que el gobierno peruano les ha estado asignando recursos para que los administren. Por ejemplo, en el 2005 las fuentes no gubernamentales envían al Perú US$ 74 millones de dólares y las fuentes gubernamentales US$ 486 millones de dólares, que deja un total de US$ 560 millones. Luego, estas ONG toman US$ 271 millones de dólares y las fuentes gubernamentales US$288 millones, esto significa que las ONG reciben US$ 74 millones de la cooperación no gubernamental y US$ 167 millones del Gobierno, de fuentes gubernamentales que se consigue de gobierno a gobierno’, anotó.[25]
Diez Canseco Távara consideró que Aprodeh sería la más beneficiada económicamente si la CIDH declara responsable al Estado peruano por la muerte de los MRTA que tomaron la embajada del Japón.[26]
“Hay fundaciones que pagan una cantidad fija por gasto. La Iglesia Luterana de Dinamarca, que se entiende con algunas ONG locales, como Aprodeh, les paga una cantidad fija por caso denunciado, sea real o no, o debidamente sustentado o no”, reveló Diez Canseco.[27]
Lo puesto de manifiesto da luces sobre cuál es la verdadera razón de por qué ONG’s entre las que se encuentra Aprodeh, realizan demandas contra elementos de las FFAA y PNP, y que son “inconcebibles” e “irracionales” para los entendidos en el campo del derecho.[28]
“Cuando el Estado se ve obligado a pagar una reparación, ellos también pueden cobrarles un porcentaje de esa millonada a los familiares de las supuestas víctimas, que en su totalidad son terroristas”, señaló. Pero el menú que las ONG se engullen no se limita a esta lista, un jugoso platillo señaló el letrado, lo constituyen los costes y costas que estos le cobran al Estado cada vez que este se allana ante sus demandas o ante las negligencias que como en el caso de Chavín de Huántar parlamentarios señalan que cometió Francisco Eguiguren. “Esto es un alto porcentaje, hay abogados que consideran que sus servicios cuestan una millonada, y el Estado tiene que pagar. Esto se ha convertido en un gran negocio.”[29]
En abril del 2008 el canciller José Antonio García Belaúnde reveló que una carta de Aprodeh frustró la inclusión del MRTA en el registro de organizaciones terroristas del Parlamento Europeo. El director de Aprodeh, Francisco Soberón, intentó justificar su accionar diciendo: “Incluir al MRTA en una lista terrorista nos parecía sobredimensionar la existencia de un grupo que está derrotado y ya no opera en el país desde hace 8 años.” Esta gestión fue considerada como una “traición a la patria” por el presidente Alan García.[30]
En la sustentación de su pliego presupuestal para 2012, el entonces ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, Francisco Eguiguren dijo que el Estado cumplirá al 100% con las sentencias de reparación a las víctimas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[31]
El presupuesto para Justicia que Eguiguren pidió al MEF contempla el pago de más de US$12 millones a favor de no sólo delincuentes terroristas: 10 mil dólares para el chileno emerretista Jaime Francisco Castillo Petruzzi y US$12 millones 153 mil 500 dólares para los deudos de los subversivos fallecidos durante el motín en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992. También está programado el pago de US$3’890,000 para los trabajadores cesados del Parlamento en 1992. También está incluido el pago de US$380,000 para 76 magistrados no ratificados y de US$380,000 para los deudos de los dirigentes sindicales Saúl Cantoral y de García Santa Cruz, entre otros.[32]
La titular de la Mujer, Aída García Naranjo y Javier Diez Canseco han señalado que estas indemnizaciones deberían subir a S/.221 millones para incorporar a las 69 mil víctimas que menciona el informe de la Comisión de la Verdad.[33]
Mientras tanto, El Gobierno confirmó que se pagó US$ 30 mil a favor de la terrorista Lori Berenson. El Ministro de Justicia también reconoció que el fallo de la CIDH incluyó, además, la condonación del pago de cien mil soles por reparación civil a la misma subversiva.[34]
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, confirmó ayer que el Estado Peruano pagó US$30 mil a la condenada por terrorismo Lori Berenson en cumplimiento de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese polémico fallo acatado por las autoridades peruanas fue ordenado el 27 de noviembre del 2004 por una resolución del CIDH que declaró fundado el pedido de la procesada estadounidense, la cual demandó al Estado Peruano por haber sido sometida a un proceso irregular en el fuero militar durante el gobierno de Alberto Fujimori. El pago se realizó en el año 2006. En la resolución, se ordena el citado pago por concepto de “costas y gastos” que tuvo que hacer Berenson en el proceso que se le siguió. García Toma también reconoció que el fallo de la CIDH incluyó, además, la condonación del pago de cien mil soles por reparación civil que el Estado Peruano había dictado contra la acusada de terrorismo, quien con otros miembros del MRTA planeó asaltar el Congreso de la República.[35]
El Estado Peruano pagó US$319 mil a senderista prófuga:
La Corte de San José ordenó la reparación monetaria a favor de la terrorista María de la Cruz Flores. El Perú también llegó a abonarle US$319 mil a Cruz Flores, quien fue sentenciada a 20 años de prisión, pero está prófuga de la justicia. Al igual que Berenson, De la Cruz demandó al Estado Peruano porque durante su detención y procesamiento (en la época del fujimorismo) supuestamente se violaron de forma flagrante sus derechos humanos.[36]
El 18 de noviembre del 2004 la Corte de San José emitió una sentencia en la que le dio la razón a la demandante. En esa suma estaban incluidos US$30 mil para sufragar los gastos ocasionados por el proceso. El Diario El Comercio, solicitó confirmar este dato al Ministerio de Justicia, pero no fue posible obtener respuesta. Sin embargo, todo indica que el Gobierno Peruano acató el mencionado mandato, pues, según una resolución de ese organismo a la que El Comercio tuvo acceso, el 23 de noviembre del 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que declaró que el Perú había cumplido con efectuar los pagos indemnizatorios. La polémica sentencia de la Corte de San José también obligó al Ejecutivo a la reincorporación de De la Cruz a las actividades que como médica desarrollaba antes de su detención y enjuiciamiento. Igualmente, ordenó que se le proporcionara una beca que le permitiera capacitarse y actualizarse profesionalmente.[37]
El Lado oscuro de las ONG’s:
El principal problema de las ONG’s en el Perú, es que gozan de inmunidad porque dicen hacer una labor solidaria. Esto trae como consecuencia, que muchos no se atrevan a cuestionarlas, controlarlas de una forma independiente con respecto a sus finanzas o vigilar el comportamiento de sus miembros. Esto no debería ser así, ya que muchas ONG’s reciben y manejan dinero del estado, dinero público o donaciones y por ende su supervisión tiene que ser más rigurosa.
Las ONG’s han dejado de ser lo que dicen ser: Organizaciones No Gubernamentales, pues la mayoría de ellas, obtienen una muchos ingresos a través de las subvenciones del Gobierno central. Y la consecuencia más fatídica de esto ha sido la pérdida de su independencia.
La reflexión es la siguiente: Se debe entregar dinero sólo a aquellas ONG que sean auditadas debidamente y que prueben que el trabajo realizado se cumpla cabalmente. Deben realizarse donaciones a aquellas ONG’s que sin nada que esconder, abran sus puertas a cualquiera que quiera indagar sobre sus estados financieros, sus actividades, el resume o CV de sus miembros y a las que estén dispuestas a desglosar en qué gastan el dinero que reciben.
Y como bien lo dice Dante Bobadilla Ramírez de la pagina Web “La Mula”: Hay muchos que se creen el cuento de que luchar contra la pobreza es montar ONG’s, o como él les llama “esperpentos burocráticos” llenos de funcionarios y presupuestos abultados que nadie fiscaliza. Es difícil explicarles a estos creyentes de cuentos infantiles que la pobreza no se reduce con burocracia. Toda iniciativa orientada a “luchar contra la pobreza” no es más que un gran negociado de los consabidos pobretólogos que en nuestro país abundan. Gran parte de ellos son los caviares dueños de ONG’s que se pasan la vida en sus escritorios, dentro de la comodidad de sus oficinas con aire acondicionado en San Isidro o La Molina, escribiendo sobre la pobreza y la marginalidad.[38]
Los distritos más pobres seguirán siendo eso, aunque los visiten los miembros de las ONG’s que dicen querer ayudarlos. Sus demandas y proyectos seguirán teniendo el mismo nivel de prioridad y de atención que tienen por parte del Ejecutivo. Nada va a cambiar. Absolutamente nada. Excepto el bolsillo de los gestores. Y de eso es que se trata finalmente toda esta farsa. Es el viejo arte de vivir y hacerse rico a costa de los más pobres. Un arte en el que los izquierdistas son campeones.[39]
El Consejo por la Paz es la entidad representativa de la sociedad peruana en cuyo seno se agrupan voluntariamente las instituciones mas importantes de la vida nacional tales como la Asamblea Nacional de Rectores, los colegios profesionales, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) entre otros. La institución trabaja en todo el Perú en base a sus Consejos Regionales y a los centenares de Comités por la Paz distribuidos a lo largo y ancho del territorio, que constituyen una red gestada desde hace 17 años y que agrupa a miles de voluntarios.
[2] Entrevista al presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco. Diario Expreso, 6 de Septiembre del 2006.
[3] Consejo por la Paz: http://consejoporlapaz.com/home.html.
[4] Entrevista al presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco. Diario Expreso, 6 de Septiembre del 2006.
[5] CREACION DE UN MARCO LEGAL PROPIO PARA ONG’s. ICNL. Volumen 3, Edición 1, Septiembre 2000.
[6] CREACION DE UN MARCO LEGAL PROPIO PARA ONG’s. ICNL. Volumen 3, Edición 1, Septiembre 2000.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Entrevista al presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco. Diario Expreso, 6 de Septiembre del 2006.
[10] 5 ONGs recibieron U$20 millones. Diario Expreso. 6 de Febrero del 2012.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Pequeña Mafia de ’Caviares’ Controla las ONG’s que Manejan Millones de Dólares. Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo. presentación del ante la subcomisión que evalúa la cooperación internacional al Perú del Presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco Távara. 1 de Noviembre del 2006.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Consejo por la Paz: Hay planes para cobrar a familias de terroristas, al Estado, entre otros. 26 de Diciembre del 2011.
[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Terroristas recibirán altas reparaciones. 25 de Noviembre del 2011. Peru 21.
[31] Terroristas recibirán altas reparaciones. 25 de Noviembre del 2011. Peru 21.
[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Gobierno confirmó que se pagó US$ 30 mil a favor de terrorista Lori Berenson. Diario El Comercio. 7 de Julio del 2010.
[36] Ibid.
[37] El Estado también pagó US$319 mil a senderista prófuga. Diario El Comercio. 8 de Julio del 2010.
[38] El arte de hacerse rico con los pobres. Por Dante Bobadilla Ramírez. La Mula. 5 de Marzo del 2012. http://elmulonario.lamula.pe/
[39] Ibid.
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Casi 18 años después de la matanza de Barrios Altos, acaecida en la calle Huanta de Lima el 3 de noviembre de 1991, los entretelones ocultos de aquel episodio trágico salen a la luz pública por primera vez, en este informe especial, para que el mundo entero sepa la verdad.
