Carlitos de Huaycan - III.- ONGs POLITICAS.

[11] 30 Oct. 2011: HIdetaka Ogura y Aprodeh. Políticamente Incorrecto. Victor Robles. Aprodeh es la defensora de oficio del MRTA. Defendió a los chilenos que secuestraron a Carlos Hiraoka, pidió que se retirase al MRTA de la lista de grupos terroristas proscritos en Europa, y actualmente tiene como Directora Adjunta a Eligia Rodrìguez Bustamante, madre de uno de los terroristas que asaltaron la residencia del embajador japonés.

César Eugenio San Martín Castro nació en Lima el 30 de diciembre de 1955. Estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad Mayor de San Marcos, graduándose el 24 de abril de 1978. En 1990 finalizó su maestría en Ciencias Penales en la misma universidad.[1]

Cesar San Martín se desempeñó como empleado de la Corte Superior de Justicia del Callao desde 1976 hasta 1979. Luego, entre 1979 y 1981, estuvo trabajando en la Sala Civil de la Corte Superior como relator titular. Sin embargo para 1981, fue Juez Instructor Provisional del 1° Juzgado de Instrucción del Callao hasta finales de 1982. Los siguientes siete años, desde 1983 hasta 1989, fue Juez Instructor Titular del 21° Juzgado de Instrucción de Lima. A Inicios de 1989 estuvo trabajando como Vocal Titular de la Sala de anti-terrorismo de la Corte Superior de Lima hasta 1992, año en que se dio el autogolpe fujimorista y fue cesado.[2]

En 1993 fue miembro de la sala anti-terrorista, y participó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Perú (PNUD), específicamente en el Programa de Gerencia Técnica, como Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia. Ese mismo año fue asignado a diferentes comisiones jurídicas en el ámbito de Derecho Procesal Penal. En 1994 integró el Estudio Benítez, Mercado y Ugaz como abogado asociado. Para el año 2000 pasó a ser socio principal. Sin embargo, al reincorporarse a la judicatura renunció al Estudio.[3]

En marzo de 2004 retornó al Poder Judicial, al ser nombrado Vocal de la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. En el 2005 es elegido miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, designado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.[4]

Cesar San Martín se hizo popular en el 2007 como presidente de la sala que juzgó al ex-mandatario Alberto Fujimori. Actualmente, Cesar San Martín se desempeña como presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumiendo al mismo tiempo la presidencia del Poder Judicial.

¿Por qué fue cesado César San Martín en 1992?

Cuando Alberto Fujimori asumió la Presidencia del Perú, el poder judicial y el sistema de justicia en general, eran un caos. Los casos tomaban años en resolverse, ya sea por huelgas del sector, vacaciones de los magistrados o arreglos debajo de la mesa con los imputados. Se decidió cambiar por completo este anormal funcionamiento de la administración de justicia. Con la legislación vigente en esa época, el Poder Judicial era incapaz de juzgar a los terroristas ya que los jueces se morían de miedo y, simplemente, no se atrevían a sentenciar, ya que eran amenazados de muerte por los terroristas junto a sus familias[5]

La idea era lograr una mejor conducción del Poder Judicial, y por ello se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigencia el 1° de enero de 1992, con la denominación de “Consejo de Gobierno.” Había un Consejo de Gobierno del Poder Judicial y Consejos de Gobierno de los Distritos Judiciales como órganos subordinados a las Salas Plenas, algunas de cuyas funciones les fueron transferidas. La idea era lograr una mejor conducción del PJ logrando una adecuada administración de recursos y mayor capacidad técnica para la toma de decisiones. A los pocos meses de entrar en vigor la ley, se produjo la ruptura del orden constitucional decretada por Alberto Fujimori.[6]

Fujimori aprobó el 26 de noviembre de 1992 un Decreto Ley modificando varios artículos. Se cambió la denominación de Consejo de Gobierno por el de Consejos Ejecutivos (el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los Consejos Ejecutivos Distritales), dejándolos con atribuciones predominantemente administrativas.[7]

En la actualidad el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está integrado por el Presidente de la Corte Suprema, quien lo preside y tiene voto dirimente; dos Vocales Supremos Titulares elegidos por la Sala Plena; un Vocal Superior Titular elegido por los Presidentes de las Cortes Superiores del país; un Juez Titular Especializado o Mixto y un representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (artículo 81° LOPJ, modificado por la Ley 27465).[8]

En el caso especifico de César San Martín, a inicios de 1989 estuvo trabajando como Vocal Titular en la Sala anti-terrorista de la Corte Superior de Lima hasta 1992 cuando fue separado en un proceso de limpieza que se realizó en el Poder Judicial, sacando a jueces y magistrados corruptos. También fue cesado por liberar a personas investigadas y sentenciadas por terrorismo mientras se dedicaba a acusar a miembros de las fuerzas armadas por aplicar mano dura en sus tácticas de combate contra los violentistas. Lo mismo ocurrió con muchísimos jueces en esa época.[9]

Es importante recalcar que San Martín retornó al Poder Judicial, después del 5 de abril de 1992 por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ordenó liberar terroristas. Durante el tiempo que estuvo cesado, se dedicó primero al ejercicio como abogado, después fue asesor de Carlos Hermosa Moya, paradójicamente ministro de Justicia fujimorista, y después integró el estudio del entonces procurador José Ugaz, quien fue contratado por el propio Fujimori. También trabajó como asesor del ministro Fernando Vega Santa Gadea, hasta diciembre de 1995, y estuvo a cargo de revisar y corregir toda la legislación antiterrorista.[10]

Dato Curioso: Santiago Fujimori, hermano del entonces Presidente Alberto Fujimori reveló al Diario Perú 21 siguiente:. “Después del 5 de abril de 1992, una de las preocupaciones era la lucha contra el terrorismo. Pero con la legislación vigente, el Poder Judicial era incapaz de juzgar ya que los jueces se morían de miedo y, simplemente, no sentenciaban. Cierto día, mi hermano (Alberto) me entrega un proyecto de ley antiterrorista que, supuestamente, fue elaborado por Vladimiro Montesinos. Me encargó que lo revisara y yo, inmediatamente, se lo pasé a Vega, entonces ministro de Justicia, quien ya tenía como asesor a César San Martín. Al día siguiente, Fernando Vega me llama y me dice: “Oye, Santiago, ¿quién ha hecho este adefesio? No me lo digas, ya me lo imagino.” El asunto es que el equipo de Fernando Vega corrigió totalmente ese proyecto, de manera que es mentira que Montesinos haya hecho la legislación antiterrorista. Parece que San Martín se ha olvidado de eso.”[11] Lo cierto es que fue San Martín quien elaboró el mencionado proyecto de Ley.

César San Martín benefició a terroristas:

El congresista Juan José Díaz de la bancada Fuerza 2011, denunció que, si bien es cierto que la flexibilidad penitenciaria que se les otorgó a los terroristas se dio durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, uno de los artífices de la controvertida ley (Decreto Legislativo 927) es el actual presidente del Poder Judicial, César San Martín.

Señaló que San Martín, integró el comité consultivo que, en 2003, elaboró el dispositivo que regula la ejecución penal en materia de delitos de terrorismo y que, entre sus “bondades”, otorga la liberación condicional y la redención de la pena por el trabajo y el estudio.[12]

“San Martín miente u olvida porque le conviene cuando culpa al Congreso de aprobar leyes para liberar a terroristas”, indicó Díaz. Agregó que el ahora magistrado sacó adelante esta norma, “que ayudó a salir a los terroristas que ahora se disfrazan de luchadores sociales.”[13]

A TENER EN CUENTA

El Decreto Legislativo 927 fue promulgado el 14 de octubre de 2009. Algunos terroristas se acogieron a él.[14]

Controvertido Juicio Contra el ex-presidente Alberto Fujimori

El congresista fujimorista Rolando Souza, reveló al diario Correo unos e-mails entre el vocal César San Martín y el abogado Gonzalo del Río Labarthe, esposo de la periodista de RPP, Patricia del Río, que tienen como fecha el 17 de abril de 2008 (casi un año antes del fallo condenatorio a Fujimori) que demostrarían que la sentencia al ex mandatario estuvo direccionada desde un comienzo.[15]

Según Correo, Del Río Labarthe le informa a San Martín que se ha reunido con expertos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Alicante en España para recibir ideas “respecto de la posición dogmática en el caso Barrios Altos y La Cantuta”. Souza señaló que los especialistas serían Antonio Doval, vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Alicante (UA); Victoria del Mar Carrasco, vice-decana de la Facultad de Criminología de la UA; y Carmen Juanatey, abogada criminóloga.[16]

En la misma conversación, Del Río le dice a San Martín que la tesis de la Fiscalía en orden a la estructura vertical de la organización es fatal: la estructura vertical de la organización implicaba que Alberto Fujimori como cabeza de la organización y quien tiene el control y dominio de la misma diera la orden de la ejecución de las operaciones. Esto es INNECESARIO. El dominio tiene que ver con la creación, dotación de medios, control, diseño y estructura de un grupo de aniquilamiento, que en su fase operacional puede tener cierto grado de autonomía.[17]

Según San Martín, para que un juez forme su opinión, puede recurrir tanto a fuentes bibliográficas como a consultas con colegas y juristas.[18] La pregunta sería si esto es así, ¿es correcto consultar tan detalladamente?

Autoria Mediata:

En su denuncia inicial, Sousa mostró que había demasiada coincidencia entre los “consejos” de Labarthe y la sentencia a Fujimori, pues en una parte del e-mail dirigido a San Martín se le dice puntualmente qué posición debe tomar el tribunal: “El título es claro, “autoría mediata,” y el debate discute sobre la ajenidad del imputado frente a la organización. El tribunal no debe verificar una o varias órdenes si éstas no son necesarias en orden a identificar la participación del imputado”, se lee en el e-mail.[19]

Cabría recordar además que en otro punto del correo electrónico critican a la Fiscalía y alertan al tribunal sobre algunos aspectos de la acusación: “Ojo, que insistir tanto en que Fujimori es el Jefe Máximo, que es lo que hace la Fiscalía, es un arma de doble filo. Es el Jefe Máximo del Estado, la organización criminal depende de él parcialmente, tiene su propio Jefe, pero él es un cooperador necesario”, le escribe Del Río a San Martín en base a la opinión de los especialistas españoles.[20] Quiere decir, que, si no encuentran el eslabón perdido o la prueba contundente que Fujimori dio la orden, el juicio se venía abajo.

Luego, Del Río indica que “el título es claro, “autoría mediata,” y el debate discute sobre la ajenidad o proximidad del imputado (Fujimori) frente a la organización. El tribunal no debe verificar una o varias órdenes”. Ante esto, San Martín expresó que el concepto de autoría mediata es ampliamente discutido y aseguró que la sentencia contra Fujimori no recogió las recomendaciones de los catedráticos españoles.[21]

Sin embargo, Souza muestra un párrafo del correo que dice lo siguiente: “Por lo que más se inclinan los profesores fue por una cooperación necesaria. Podemos ubicar dos esferas. Una, en la que Fujimori es el superior jerárquico de la organización (…) Otra en la que en su calidad de Presidente, favorece la creación de la organización y los dota de medios para su actuación. A todos les parece mejor esta última hipótesis.”[22]

El congresista fujimorista denunció que el párrafo 673 de la sentencia contra Fujimori recoge la opinión de los juristas españoles cuando ni siquiera se sabía la inocencia o culpabilidad del acusado. No se está frente a un delito cometido simplemente aprovechándose del estado de su organización para generarlo, favorecerlo, cometerlo o encubrirlo, sino ante la configuración de un aparato organizado de poder al interior del Estado por funcionarios públicos, a partir del cual se desarrollaron planes criminales.[23]

Es inédito que un juez, en este caso, San Martín, consulte de manera tan detallada y específica a su colega Gonzalo del Río Labarthe sobre la posible acusación y sentencia del entonces procesado Fujimori. Y lo segundo es, ¿por qué un año antes de emitir la sentencia la comunicación entre ambos se refería a un Fujimori culpable?[24] ¿No se supone que un acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario?

Ante la contundencia de los documentos, al vocal César San Martín no le quedó otra alternativa que reconocer que efectivamente sí recibió consejos por e-mail de abogados de la Universidad de Alicante (España) mientras el proceso a Fujimori aún se encontraba en estado embrionario.[25]

Sousa reveló un correo electrónico enviado a San Martín por el abogado Gonzalo del Río Labarthe con un análisis sobre la participación del ex mandatario en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como respecto de la figura jurídica de la “autoría mediata”, bajo la cual se le condenó un año después a la máxima pena.[26]

Según San Martín, “En el proceso de formación de una sentencia en casos complejos, para que el juez forme su opinión, se ve obligado a realizar una búsqueda de información, desde bibliotecas hasta consultas con colegas y juristas, para tener un conjunto muy amplio de posibilidades para elegir. Agregó que “siendo profesor universitario, conociendo autores y teniendo vínculos con universidades, es razonable que acuda a la fuente primaria preguntando temas dogmáticos de carácter general. Esto se hace comúnmente. ¿O es que no lo hace el Congreso?”, adujo el vocal. Sin embargo, las alusiones de los especialistas en esta caso no son genéricas sino muy precisas respecto a un caso en particular, además de que el Congreso no imparte justicia.[27]

San Martín terminó por aceptar que en aquellas comunicaciones se discutió la tesis de la “autoría mediata”, bajo la cual se condenó finalmente a Fujimori.

Cabe señalar que el abogado peruano Gonzalo del Río Labarthe, autor del polémico e-mail dirigido a César San Martín, fue ubicado por Correo pero se mostró iracundo al pedírsele su versión y terminó tirando el teléfono.

Los Considerandos del Tribunal presidido por Cesar San Martín:

En sus considerandos, el tribunal no respondió a la única cuestión central del proceso: ¿Fujimori dio la orden de realizar esas dos matanzas?

A falta de pruebas, la parte civil y el fiscal cambiaron la acusación en pleno proceso. Al principio, decían que Fujimori era el jefe del escuadrón de la muerte, del grupo llamado Colina (Colina es el nombre de un funcionario asesinado por SL), que realizó esos asesinatos y que él había dado la orden directa de esos crímenes. Como no pudieron probar esta alegación, entonces inventaron la tesis de que Fujimori es culpable porque él era el jefe de Estado.[28]

Basándose en una cadena de suposiciones, dijeron que él había transformado el Estado en una organización criminal con el fin de implementar una guerra sucia contra el terrorismo. Por lo tanto, siendo el inspirador de esa estrategia oculta de guerra sucia, él era el “autor indirecto” de esos asesinatos.[29]

Como nada prueba esa otra alegación (repito, es una simple alegación), los jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho de realismo mágico: Amontonaron hechos sin relación evidente, rasparon aquí y allá entre cerca de 500 documentos de índices vagos con el único objetivo de construir una culpabilidad que parece muy hipotética. Los jueces demostraron tener una maquiavélica imaginación literaria.[30]

Al final, consideraron que Fujimori es culpable por omisión, lo que quiere decir que sabiendo que esas matanzas se preparaban, él no hizo nada para impedirlas. ¿Y qué prueba hay de que él sabía? ¿El hecho de que en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía él debía saberlo? Los expertos jurídicos éticos e independientes tendrán la ultima palabra.[31]

Cabe destacar que, la hostilidad que mostraba el rostro del presidente del tribunal, César San Martín, lo traicionaba y dejaba ver que él saciaba una venganza personal contra el acusado. Esto no lo puede hacer un juez que debe mostrar en todo momento imparcialidad e independencia. En 1993, en el marco de una operación de depuración del aparato judicial peruano, corroído por la corrupción endémica, él había sido excluido de la magistratura.[32]

Críticos:

El ex vocal antiterrorista Marcos Ibazeta advirtió que este hecho es “muy grave” porque implicaría una direccionalidad que pone en tela de juicio la imparcialidad e independencia del juez Cesar San Martín. “No se trata de la figura del Amicus Curiae, que es un especialista que acude al juicio a dar su opinión, sino que se trataría de consultas directas sobre la teoría aplicable para establecer un nexo causal de culpabilidad, y eso lesiona el principio de imparcialidad”, comentó a Correo.[33]

Ibazeta señaló que este tipo de consultas a nivel de un magistrado supremo no es algo usual porque se trata de un caso judicial que recién comenzaba. “Preocupa porque es un indicio de que la sentencia estuviese direccionada de antemano”, manifestó. Finalmente, dijo que si una de las partes denuncia el hecho, éste podría llegar hasta el Tribunal Constitucional.[34]

En tanto, el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Aníbal Torres expresó que las recomendaciones que habría recibido San Martín “dejan muchas dudas” sobre el proceder del tribunal, debido a que se basan en un tema específico (caso Fujimori). “Las doctrinas se pueden consultar, necesariamente se hace para entenderlas, pero en términos generales. Las consultas específicas no están bien porque los jueces deben actuar con independencia y autonomía”, declaró.[35]

“Del Río le dice a San Martín que la tesis de la Fiscalía en orden a la estructura vertical de la organización es fatal”, precisó el congresista, quien consideró “muy grave” que el abogado asesor también le remarque a un juez que “el tribunal no debe verificar una o varias órdenes” para establecer la “autoría mediata.”[36]

¿Dónde se ha visto que un juez consulte a un abogado para un caso específico? Esto es muy grave.

El Problema con Cesar San Martín:

Muchos expertos opinan que el ex presidente Fujimori ha sido sentenciado por un tribunal inapropiado ya que César San Martín fue echado del Poder Judicial por el gobierno de Fujimori., hecho que le obligaba éticamente a inhibirse de conocer el caso.[37]

Además la sentencia carece de pruebas, testimonios directos e indicios concurrentes. Se basa en una premisa política que sostiene que cuando ocurrieron los delitos imputados a Fujimori había una dictadura, lo cual es irreal, pues el Congreso Constituyente de 1993 (CCD), y el Tribunal Constitucional (en varias sentencias), han reconocido como legales los actos de gobierno realizados del 5 de abril de 1992 hasta enero del año siguiente, cuando se instaló el CCD.[38]

Como Presidente del Poder Judicial

La labor de Cesar San Martín como presidente del Poder Judicial, no estuvo exenta de denuncias de irregularidades, la más común es la de haber entregado precisamente la autonomía de este poder del estado a las ONG’s de tendencia caviar, que siempre salen a favor de los terroristas.[39]

Permitiendo, que estos organismos, que tienen y patrocinan juicios contra el Estado en el Poder Judicial, “capaciten” y les laven el cerebro a magistrados que tienen que resolver sus propios casos.[40]

Incluso, la Universidad Católica, donde también San Martín enseña, ha suscrito un convenio con el PJ para capacitar jueces, justo cuando las autoridades universitarias litigan contra la iglesia por los bienes de José de la Riva Agüero. ¿Tráfico de influencias? Cualquier jurista sensato puede concluir que se constituye esta figura, pero nadie se atreve a denunciarlo.[41]

Corrupción: Apoderado del Banco de Crédito:

Un ejemplo del blindaje del que goza San Martín Castro es el caso denunciado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, que reveló que César San Martín aparecía en enero, en la Sunarp, como apoderado del Banco de Crédito (BCP), del Grupo Romero, lo cual implicaba que el presidente del Poder Judicial patrocinaba intereses de personas jurídicas que tienen a su vez juicios en este poder del Estado. Hubo dos resoluciones (del 2004 y 2005) de la Sala Penal Permanente que le dan la razón al BCP en un caso que procedía de la jurisdicción judicial de Piura y que llevan la firma de San Martín. Según los documentos, el magistrado falló a favor de una entidad de la cual era apoderado desde el 2003, lo que implicaría un conflicto de intereses.[42]

El grupo Romero se apresuró, ante la denuncia, a retirar el nombre de San Martín y días después, el magistrado negó ser empleado del banco en mención y atribuyó la aparición de su nombre a un error de la entidad financiera. En cualquier parte del mundo lo menos que se exigiría es una investigación del Congreso y la renuncia de San Martín. Sin embargo, nada de eso pasó. El CNM ignoró sus funciones, el Congreso prefirió barrer el tema debajo de la alfombra y la fiscalía ni siquiera se pronunció.[43]

Sentencias en base a odio: Caso Familia Chacón:

Según la Congresista Cecilia Chacón, el presidente del Poder Judicial envió al juzgado dos pedidos de 14 parlamentarios y un tercero en torno a la situación legal de la parlamentaria. San Martín justificó esta acción diciendo que recibió cartas del legislador Javier Diez Canseco, de 14 congresistas de Gana Perú y un pedido de ciudadanos de Cajamarca que le entregó el parlamentario Jorge Rimarachín.[44]

“El (Diez Canseco) pide información sobre la situación jurídica de Chacón, yo pido información a la Sala Penal de Lima y me dicen que en agosto del 2008 pidieron el levantamiento de inmunidad de arresto, que la Corte Suprema lo tramitó y le solicitó información al Congreso”, narró San Martín.[45]

“El miente”, dijo la parlamentaria Chacón para luego indicar: “San Martín no puede intervenir enviando documentos, pero sí puede pedir información al respecto de un congresista, como lo hizo con Javier Diez Canseco. Sin embargo, nadie, aunque sea parlamentario, puede solicitar datos específicos sobre una situación específica.”[46]

Lo que ha hecho San Martín es interferir en el caso. Presentar “la preocupación de los congresistas oficialistas” es una manera de decir a los magistrados “cuidado por cómo actúas, pues te están chequeando desde arriba”. Claro, este es también motivo de una acusación, de una investigación, pero, por supuesto, en el Perú todo pasará como en agua tibia, como si nada, para el juez San Martín.[47]

Mano Blanda con los Terroristas

Cesar San Martín autorizó el viaje de la emerretistas norteamericana Lori Berenson y el chileno Lautaro Mellado a fines del 2011, sin dar mayor explicación. El presidente de la Corte Suprema negó que haya “mano blanda”, y dijo que la ley ampara dichas autorizaciones y defendió los fueros del Poder Judicial. Pese al unánime rechazo generado, San Martín, justificó los permisos de viaje otorgados a estos personajes, quienes se trasladaron a sus países por las fiestas navideñas pese a estar cumpliendo sus respectivas condenas en el Perú. San Martín negó que exista una “mano blanda” con los subversivos, como denunció el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía. “Aquí se trata de ser justo, de tener una mano justa. Ni blanda ni dura. Hacer justicia desde el ordenamiento jurídico”, manifestó. Además, el titular de la Corte Suprema dijo que le sorprende que el ministro de Justicia, Juan Jiménez, haya criticado esta decisión cuando hay antecedentes de permisos para extranjeros que purgan condena en Perú. “Este no es un tema nuevo. Ya se han dictado permisos (…) Pero en estos casos el Ministerio de Justicia, que tanto se lamenta, no interpuso ninguna apelación”, señaló.[48]

Aunque reconoció que tema del terrorismo es muy sensible en el país, dijo que las autorizaciones no están prohibidas por la ley, y que se dictaron sobre la base de uno de los principios fundamentales de la justicia: que el fin de la pena privativa de la libertad es la resocialización del interno.[49]

Finalmente, señaló que respeta la independencia de cada juez y la responsabilidad de sus decisiones, por lo que no aceptará un “cargamontón” contra los magistrados ni que se intente amilanarlos.[50]

Petición de facultades extraordinarias por Cesar San Martín

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha solicitado al Congreso facultades extraordinarias, para “enfrentar,” de manera excepcional, “el dramático estado de corrupción existente en ese poder del Estado.” Su iniciativa ha sido criticada de manera virulenta por su colega, el juez supremo Javier Villa Stein. Estas facultades extraordinarias le permitirían reemplazar temporalmente a jueces investigados por corrupción, El problema es que su propuesta de concentrar poderes para combatir la corrupción ignora uno de los principios en los que se funda el Estado de derecho: el poder absoluto no se le entrega a nadie. Cuando el poder está dividido, hay contrapesos para así evitar abusos. Habría que ser muy ingenuo para creer que esta institución se puede reformar encargándole a una sola persona el cambio de jueces. Una reforma real nunca puede depender de la existencia de un solo hombre.[51]

Los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazaron enérgicamente la intención de César San Martín, de obtener facultades “extraordinarias” y mayor poder en la judicatura. La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima indicó que dichas facultades constituirían un otorgamiento de poderes excesivo. “Expresar públicamente nuestra preocupación y rechazo a cualquier proyecto de ley que propone el otorgamiento de ‘facultades extraordinarias’ que pongan en riesgo la independencia de la judicatura, garantía constitucional de la administración de justicia que resulta ser el soporte del Estado de Derecho”, dijeron. Los jueces añadieron que los cambios propuestos no serían más que un modo de intervención y rechazaron cualquier intromisión interna o externa al Poder Judicial y a las cortes superiores de Justicia de la República. Asimismo, rechazaron las afirmaciones de San Martín con respecto a la existencia de “organizaciones delictivas y la actuación de redes de funcionamiento ilícito que llevan a las diferentes manifestaciones de corrupción sobre el Poder Judicial”. Por ello, manifestaron que esas expresiones “faltan el respeto y no sólo agravian a jueces y juezas, sino que además colocan en una situación deplorable a todos los magistrados.”[52] Lo que en realidad quiere San Martín, es sacar a todos los jueces y magistrados que no son de su agrado, y llenar el poder judicial de aliados para así evitar ser investigado o denunciado.

Ya es hora que este Juez sea investigado a profundidad pues en varios casos citados, ha violado el principio de independencia, concepto fundamental para cualquier juez que lleve un proceso legal, honesto y de acuerdo a ley. Si el Presidente del Poder Judicial actúa de esta forma, ¿qué puede esperar el ciudadano de pie acerca de la justicia en el Perú?

[1] UNMSM 2011 Biografía de Cesar Eugenio San Martín Castro. Consulta: 18 de Junio del 2011.

[2] UNMSM 2011 Biografía de Cesar Eugenio San Martín Castro. Consulta: 18 de Junio del 2011.

[3] ibid

[4] ibid

[5] CAPÍTULO V. EL SISTEMA PERUANO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL. 26 de Octubre del 2011.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] “César San Martín fue un asesor del fujimorismo.” Perú 21, Jueves 09 de abril del 2009.

[10] POLITICAMENTE INCORRECTO. Alberto Fujimori si califica para un indulto humanitario urgente Por Víctor Robles Sosa. 19 de junio de 2011.

[11] “César San Martín fue un asesor del fujimorismo.” Perú 21, Jueves 09 de abril del 2009.

[12] “San Martín beneficio a Terroristas.” Miércoles 28 de Diciembre del 2011. Perú 21.

[13] Ibid

[14] “San Martín beneficio a Terroristas.” Miércoles 28 de Diciembre del 2011. Perú 21.

[15] Ibid.

[16] Rolando Souza vs. San Martín. 2 de Diciembre del 2010. Perú Político.

[17] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Periodista Frances: Articulo publicado en France Presse (AFP). 7 de Abril del 2010. Jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho de realismo mágico. Ricardo Uztarroz.

[29] Ibid.

[30] Periodista Frances: Articulo publicado en France Presse (AFP). 7 de Abril del 2010. Jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho de realismo mágico. Ricardo Uztarroz

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[34] Ibid

[35] Ibid.

[36] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[37] POLITICAMENTE INCORRECTO. Alberto Fujimori si califica para un indulto humanitario urgente Por Víctor Robles Sosa. 19 de junio de 2011.

[38] Ibid.

[39] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[40] Juez San Martín admite e-mail y consultas. Diario Correo. 2 de Diciembre del 2010.

[41] Ibid.

[42] Investigan a César San Martín por fallo a favor de banco. 24 de abril del 2012. Peru 21.

[43] Ibid.

[44] Cecilia Chacón acusa a San Martín. 21 de Marzo del 2012. Perú 21.

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Ibid.

[48] San Martín justifica los permisos de viaje para terroristas. 22 de diciembre del 2011. Perú 21.

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[51] ¿Quién vigila al vigilante? 3 de mayo de 2012. Diario El Comercio.

[52] Ibid.

de blog Prohibido Para Caviares.
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Diego García-Sayán Larraburre nació en Nueva York, el 2 de Agosto de 1950. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para seguir estudios de Derecho en 1968, graduándose de Bachiller en 1975, consiguiendo el título de abogado en 1976. En 1970 realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Austin (Texas). Es abogado de profesión y también escritor y ha participado muy activamente en la política del Perú, asumiendo las carteras de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. García Sayan fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante su época universitaria.[1]

Imagen Nº 1 : Diego García Sayan; ciudadano Norteamèricano; que realizara sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Austin (Texas).

Luego en el 2001 es nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el ex Presidente Alejandro Toledo. Durante su gestión en esta cartera, el 19 de Febrero del 2002, resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.[2]

Imagen Nº 2: Diego García Sayan; que en su juventud militara en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR;durante el gobierno de Valentin Panigua y Alejandro Toledo se desempeñó como Ministro de Justicia(2000) y de Relaciones Exteriores(2001) respectivamente.

Cabe destacar que en noviembre del año 2000, Diego García Sayan, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel. Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días, Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de “humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.[3]

¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial. Según inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.[4] Ya sabemos de dónde salen los terroristas que ahora ocupan el VRAE.

Según cifras publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Perú 21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.[5]

Cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo.

Imagen Nº 3 : Diego García Sayan; durante su periodo como Ministro de Justicia; tuvo como procuradores “ad juntos” en el Caso Montesinos a sus socios José Ugaz y Luis Vargas Valdivia.

Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como “preso político.”[6]

Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.[7]

García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) que es una “asociación internacional privada sin fines de lucro y de acción regional, que brinda servicios jurídicos de interés público.” Desde que inició sus actividades en 1982, ha trabajado en temas para el “desarrollo y la justicia de los países de la región, como son el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y sus instituciones, y la vigencia plena de los derechos humanos.” DGS también es miembro de otras ONG’s como DESCO[8] y además es fundador de CEPES.[9]

Imagen Nº 5: Diego García Sayan con el “pleno” de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) en Costa Rica.

La CAJ trabajó para el gobierno de Alberto Fujimori

Cabe destacar que El 7 de noviembre de 1995, Diego García Sayan fue contratado por la viceministra de justicia del gobierno de Alberto Fujimori, Miriam Schenone Ordinola según Resolución Ministerial N° 386-95-JUS en materia de Derechos Humanos y también para un proyecto de “Redes de Informática” por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que controlaba Vladimiro Montesinos Torres. Miriam Schenone fue compañera de Promoción, en la Universidad Villarreal cuando estudiaba Derecho, del Procurador Público Adjunto Luis Gilberto Vargas Valdivia, otro gemelo ideológico de José Ugaz y miembro de su Estudio de Abogados. En resumen, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.[10]

Schenone y Vargas, también viajaron juntos a Estados Unidos, del 5 al 12 de noviembre de 1994, para extraditar a Carlos Remo Manrique Carreño (CASO CLAE), designados por el entonces presidente Alberto Fujimori, según Resolución Suprema N°105-94-JUS del 3 de Noviembre de 1994.[11] Simultáneamente, la esposa del Sr. Diego García Sayan, Eda Rivas, fue designada como Gerente de dicha Comisión Ejecutiva para llevar a cabo la Reforma Judicial en el Perú. La contrató el Comandante José Dellepiane, de profesión marino nombrado por Vladimiro Montesinos Torres. El Dr. José Ugaz Sánchez Moreno, Procurador Público designado por el entonces Presidente de la Republica, Alberto Fujimori, fue luego ratificado por Diego García Sayan. José Ugaz y Diego García Sayán firmaron el documento internacional de George SOROS, dirigido al actual Secretario General de la ONU, pidiendo la legalización de las drogas en el mundo.[12]

Imagen Nº 6: Mirian Schenone, Vice Ministra de Justicia del gobierno fujimorista viajó con Diego García Sayan en 1994 para extraditar al “estafador” Carlos Manrique Carreño.

En el caso de la CAJ, esta ONG mantiene fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.

Nexos entre Diego García Sayan, George Soros y Alejandro Toledo

En el artículo publicado el 24 de Mayo del 2000, en la Revista Gente en su edición numero 1326, con el título: “Narcotráfico Internacional quiere tumbarse a Fujimori”, revela que el candidato a la presidencia por Perú Posible, Alejandro Toledo, junto a Diego García Sayán, eran la conexión en el Perú para lograr el objetivo de sacar a Fujimori de la carrera Presidencial. Dennis Small, un experimentado periodista, politólogo internacional, economista y miembro del Comité Ejecutivo de la facción disidente del partido Demócrata de los Estados Unidos, que lidera Lyndon LaRouche, estuvo en el Perú en una comisión de trabajo cubriendo la primera vuelta electoral para la revista EIR, de la que es Director Asociado para Asuntos Latinoamericanos.

A su juicio, los tentáculos del narcotráfico mundial organizado pretenden imponer un gobierno que les sirva a sus intereses personales y que, para tal fin, han creado una campaña de presión internacional “para tumbar a Fujimori, pues no le perdonan que haya vencido al narcoterrorismo, dejando en el aire muchas inversiones corruptas de diversa naturaleza”. Agregó también que Alejandro Toledo es el instrumento en el Perú para estos fines. Antes de regresar a Washington, Small reveló a GENTE que Toledo se reunió con George Soros en Nueva York, y que la persona que lo llevó de la mano, fue Diego García Sayán. ¿Cuál fue el tema básico que trataron estos personajes? ¿de qué hablaron? Eso nunca salió al descubierto. Se ocultó totalmente.[13]

Small declara que George Soros expidió una carta abierta, en 1998, al secretario general de la ONU, Kofi Annan, carta pública que fue presentada en dos páginas enteras del New York Times el 8 de junio de 1998. En ésta señala: “la guerra global a las drogas ahora está causando más daño que el propio abuso de las drogas”. Es decir, no hay que pelear contra las drogas. Esa carta la firman muchas personalidades, entre ellas, Diego García Sayán, asesor principal de Toledo, quien, por supuesto, también está a favor de la legalización de las drogas.

Pero no sólo tenemos el caso de Soros, cuyos hilos hacia el Perú no se limitan a Diego García Sayán. También tenemos el caso verdaderamente insólito de la visita del presidente de la bolsa de Wall Street, Richard Grasso a Colombia, a la zona desmilitarizada de San Vicente de Caguán. Allí se reunió con el jefe de finanzas de las FARC. Dijeron que estaban hablando de inversiones en Colombia. ¿Qué diablos hace el jefe de Wall Street reunido con el principal cártel de Colombia? Es increíble.[14]

Imagen Nº 7: Los tres socios; Diego García Sayan ( operador legal ), George Soros ( operador económico ) y Alejandro Toledo ( operador político ); implicados presuntamente en temas de narcotráfico y legalización de las drogas.

Aparte de firmar esta carta abierta tan famosa pidiendo que se legalice el uso de las drogas, Diego García Sayán es presidente de la Comisión Andina de Juristas, que es una organización casi gemela de la ONG Human Rights Watch (HRW), entidad que presuntamente defiende los derechos humanos y es financiada por Soros, quien además es miembro del cuerpo de directores. HRW se especializa en “documentar y protestar las violaciones de derechos humanos causadas o exacerbadas por los esfuerzos de limitar el narcotráfico internacional”, según exponen sus propias publicaciones.[15]

Fueron 600 personas que firmaron la carta de Soros para la legalización de las drogas. Por el Perú lo hicieron Diego García Sayan, Julio Cotler, Javier Diez Canseco, Gustavo Gutiérrez, Anel Towsend, Javier Alva Orlandini, Javier Pérez de Cuéllar y Mario Vargas Llosa. En lo que respecta a García Sayán, en julio de 1993, la Comisión Andina de Juristas organizó un foro internacional en Lima sobre la narco-legalización, donde uno de los oradores principales fue Ethan NadeImann, presidente del Lindesmith Center de George Soros. Es más, en febrero de 1996, García Sayan viajó a Nueva York para reunirse con Nadelmann y discutir cómo lanzar una campaña internacional para sacar la hoja de coca del primer lugar de la lista de las Naciones Unidas de estupefacientes prohibidos.[16]

En el caso de la Comisión Andina de Juristas, dicho organismo publica los informes anuales del Human Rigths Watch. En este caso la vinculación es muy explícita. Pero el asunto no termina allí. La CAJ es también la contraparte legal de otra agrupación: el Consejo Andino de Productores de Hojas de Coca, que es una asociación andina de cocaleros que venden sus productos a los cárteles del narcotráfico. El presidente boliviano de este Consejo Andino de Productores de Hojas de Coca, Evo Morales, obviamente aboga por la legalización de las drogas y en 1996 visitó Colombia y se reunió con los cocaleros de las FARC.[17]

Diego García Sayán y su responsabilidad en el allanamiento del Estado Peruano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuestión Preliminar: Todo funcionario o servidor público cualquiera haya sido su cargo o jerarquía debe ser investigado y denunciado si hubiera indicios suficientes y razonables para imputarles responsabilidad.
El ex Ministro de Justicia Diego García Sayán y el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la celebración del 110º Periodo de Sesiones Ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC. Estados Unidos de América realizado en Febrero 2001, se reunieron con el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Claudio Grossman, su Primer Vicepresidente Juan Méndez, su Segunda Vicepresidente Marta Altolaguirre, los comisionados Robert Goldman y Peter Lauirie, y el Secretario Ejecutivo Jorge Taiana, Y SIN TENER AUTORIZACION EXPRESA AMPARADA EN DISPOSICIÓN LEGAL ALGUNA, obligó AL ESTADO PERUANO a propiciar una solución amistosa en determinados casos; a reconocer responsabilidad y adoptar medidas para restituir derechos afectados y/o reparar el daño causado, comprometiendo al Erario Nacional incondicional e ilimitadamente y al Estado a buscar soluciones integrales en casos cerrados definitivamente y de denuncias que ya habían sido consideradas con Archivo definitivo por haber sido materia de Informes Finales declarativos no vinculantes entre 1987 y 2000, así como soluciones de casos que correspondían a 26 Informes Finales que aún no se habían publicado. y por tanto, no obligatorios por su inexistencia y por tener el carácter de declarativos no vinculantes.[18]

En esta reunión, se comprometió al Estado Peruano, acordando que: “Tanto el Gobierno del Perú como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienden que la solución que se busca se logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido teniendo en ejercicio de su soberanía, y los siguientes criterios específicos: – el reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano en los casos en los que se hayan afectado los derechos humanos; – la reparación de los daños y consecuencias a las víctimas, o a sus familiares, por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; – la realización de las investigaciones a que hubiere lugar en el ejercicio autónomo del poder judicial y la determinación de las responsabilidades respectivas; – la adopción de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión, y la puesta en práctica de procedimientos de solución amistosa con la participación de la CIDH, los peticionarios y las víctimas o sus familiares.”[19]

El ex Ministro Diego García Sayán y el ex Embajador Manuel Rodríguez Cuadros establecieron sin autorización expresa ni autoridad del Congreso para hacerlo, una política gubernamental lesiva para los intereses del Estado que se plasmaron en las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los denominados casos “La Cantuta” y “Castro Castro,” sin dejar de mencionar la indemnización abonada a Leonor La Rosa, cuando los casos ya habían sido cerrados a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, propiciando su reconocimiento extemporáneo por la CIDH cuando ya no le correspondía hacerlo, contrariamente a la aplicación estricta de las normas de la Convención que era responsabilidad específica de los funcionarios de advertir y adoptar oportunamente las medidas y defensa de los intereses del Estado entre ellas las excepciones de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.[20]

Por todo lo expuesto, procedía investigar y sancionar a los responsables de este allanamiento inconsulto por haber incurrido en grave infracción a lo dispuesto en los artículos 38, 44, 45, 118 y 205 de la Constitución Política del Perú y por el delito previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal. La defensa de los intereses y derechos del Estado se ejercen judicialmente por intermedio de los Procuradores Generales de la República a cargo de los asuntos de los diferentes Ministerios”. Conforme lo establece el artículo 47 de la Constitución Política del Perú “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley…” que no es otra que el Decreto Ley 17537.[21]

En todos los casos en que el Estado requiera la designación de representantes en juicio para ejercer su defensa como demandantes o demandados sin interesar la denominación que se les dé como Abogados o Agentes es y siempre será la de Procuradores, que necesariamente deben ceñirse para su nombramiento y ejecución del encargo a lo señalado en la norma de la materia; es decir, el Decreto Ley Nº 17537.[22]

El artículo 15º del Decreto Ley Nº 17537 establece que “Los Procuradores podrán convenir en la demanda, desistirse de ella o transigir en juicios, sin otro trámite que la expedición de la Resolución Suprema autoritativa. El artículo 8º del DS Nº 007-2005-JUS señala que “El allanamiento y/o suscripción de un Acuerdo de solución amistosa …..será autorizado mediante Resolución Suprema …”[23]

Cabe destacar que el artículo 8º antes mencionado incurre en grave error al considerar la posibilidad que un Agente pueda celebrar un Acuerdo de solución amistosa, ya que esta modalidad de poner término a un proceso internacional solamente se da en los casos de denuncias ante la Comisión Interamericana, y no ante la Corte Interamericana, debido a que el procedimiento administrativo seguido ante la Comisión no requiere de acreditación de Agentes y usualmente son los representantes acreditados ante la Organización de Estados Americanos quienes ejercen la representación del Estado.[24]

Como es fácil de apreciar, las normas antes citadas se refieren al allanamiento como un acto procesal puro y simple no condicionado que pone término definitivo a un proceso a partir de la fecha de su expedición, de lo que se deduce que la resolución autoritativa debe comprender sus alcances y obligaciones que comprometen al Estado frente a terceros con fecha cierta.[25]

El allanamiento es una forma de conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El allanamiento es improcedente cuando el representante no tiene autorización expresa para hacerlo.[26]

La autorización contenida en Resolución Suprema debe cumplir con requisitos mínimos exigidos para estos casos, ya que de lo contrario se somete incondicionalmente al Estado peruano a la voluntad de los demandantes y de la Corte Interamericana, quedando sujeto abiertamente por sus propios actos a lo que disponga la sentencia en completo estado de indefensión, ya que declarado el allanamiento la Corte debe expedir sentencia inmediata.[27]

Tanto el Estatuto como el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante para los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el único documento que tiene carácter obligatorio es la Convención misma.[28]

Un aspecto no tratado por inadvertido y no por ello menos importante, aunque en la reiterada práctica (no crea Derecho) que se ha venido aceptando tácitamente, es que el Estado peruano cuando en 1981 se sometió voluntariamente a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme a los artículos 45 y 62 de la Convención, respectivamente, lo hizo solamente para los casos en que un Estado Parte fuere el que alegue que el Perú ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.[29]

Por consiguiente, en los casos de peticiones de persona o grupo de personas, u Organismos No Gubernamentales formuladas contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana, para su admisibilidad y procedencia previamente debe contarse con la aceptación de su competencia, dado que los peticionarios no son ni tienen la calidad del Estado parte. Es más, el artículo 46 de la Convención distingue entre petición y comunicación, correspondiendo la primera a la formulada por personas u organismos no gubernamentales, y la segunda cuando quien la plantea es un Estado Parte. Como puede advertirse, este último caso es el único en que debería proceder el sometimiento automático a la competencia de la Comisión.[30]

La consecuencia de esta precisión es que todos los casos que hasta la fecha se han presentado a la Comisión y que han llegado a la Corte, pudieron haber sido desestimados en su origen como petición ante la Comisión, ya que ésta sin el reconocimiento expreso y previo de su competencia no podría plantear el caso como demandante ante la Corte.[31]

Los funcionarios que se allanaron sin tener autorización expresa del Estado peruano, incurrieron en las infracciones constitucionales imputadas por su propia, intencional e ilegal conducta en perjuicio de la imagen y del patrimonio del Estado, que a su vez constituye supuesto de hecho incontrovertible de ilegal omisión en el ejercicio de sus actos de cautelar los intereses del Estado, haciéndolos pasibles de sanción penal por el delito de incumplimiento de deberes.[32]

Diego García Sayan, La Tremenda Corte y los Comandos Chavín de Huantar:

El abogado colombiano Jaime Restrepo denunció que, al igual que en Colombia, el Perú pierde los casos por los lobbies que tienen algunas ONG como la Comisión Andina de Juristas (CAJ), IDL y APRODEH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Restrepo además agrega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y la Corte IDH, en Costa Rica, que es el sistema, está infiltrado por izquierdistas y donde militan personas que tienen relaciones con grupos terroristas del continente.[33]

Aquí menciona específicamente a Diego García Sayan* y dice que desde la Comisión Andina de Juristas y como ministro les hizo el juego a los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, favoreciéndolos con amnistías, indultos, disminuciones de penas y beneficios penitenciarios.[34]

Restrepo habla también que estas ONG’s buscan deslegitimar al Estado y menguar la capacidad operativa de las fuerzas armadas. Eso es lo que les está ocurriendo a los héroes de Chavín de Huántar en el Perú. Además, estas ONG al llevar los casos ante la CIDH terminan lucrando lo que se les ha vuelto un negocio millonario. Diego García Sayan no sólo es Presidente de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos sino que además tiene una ONG, la Comisión Andina de Juristas (CAJ), que trabaja haciendo lobby en la mencionada Corte. Con este juicio a los Comandos, la CAJ y por ende García Sayan, van a lucrar sustantivamente.[35]

Imagen Nº 8: Diego García Sayan en el 2001; siendo ministro; allanó al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ; en presuntos hechos de “lesa humanidad” y uno de estos casos emblemáticos lo constituyen nuestros heroes de los Comandos de Chavin de Huantar.

El negocio de las ONG’s como la Comisión Andina de Juristas y APRODEH:

Imagen Nº 9: Principales integrantes de la Comisión Andina de Juristas – CAJ

Estas ONG’s tienen un ejército de personas a sueldo, a quienes envían a las zonas más alejadas del país a buscar “victimas del estado.” En pocas palabras, ellos van a la caza de posibles “clientes,” que siempre son personas de escasos recursos que no logran entender qué está detrás de todo esto. Los representantes de las ONG’s convencen a estas personas que en realidad los que mataron a sus familiares son los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y NO los terroristas. Les pagan viajes a Lima, les dan gollerías para que hagan las denuncias, los entrenan para que sigan el libreto que va de acuerdo con sus fines y les proveen abogados gratis que permanentemente estén con ellos asesorándolos.

Luego les prometen que van a llevar su caso a la CIDH y que van a recibir cuantiosas ganancias económicas. Lo que no les dicen, es que por esos servicios tan “humanitarios,” que ellos les ofrecen, las ONG’s se quedarán con una partida de nada menos que el 40% del total que iría a parar a los familiares de las victimas. A más víctimas, mayor tajada para las ONG’s.

Restrepo alerta además que el Perú debe tener cuidado, porque el Colectivo-ONG Alvear Restrepo en Colombia es el símil de las ONG’s IDL y Aprodeh, que defienden a terroristas, además de tener tendencia izquierdista y cuyas demandas son favorecidas por la Corte IDH y la CIDH. Estas hacen lobby dentro de dichas instancias internacionales a través de la organización internacional CEJIL, a la que responden y que es muy poderosa dentro del sistema interamericano.[36]

Imagen Nº 10: Consejo Directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Diego García Sayan en la Corte IDH:

Desde el 2004, Diego García Sayan es juez miembro de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Luego fue Vice-Presidente de dicha corte y el 25 de Noviembre del 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años. Eso quiere decir que su mandato termina este año, 2012.[37]

¿No es demasiado extraño que el juicio al Perú y a los Comandos que participaron en la operación de rescate Chavín de Huantar, ante la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica sea justamente durante el último año que Diego García Sayan es Presidente de la CIDH? Con el agravante que en la demanda original no se mencionan a los “gallinazos” y ahora, cuando se vuelve a enjuiciar al Perú (y por ende, a los Comandos), la figura de los “gallinazos” sí está incluida. Con eso se busca enjuiciar a los Comandos indirectamente ya que si los “gallinazos” realizaron “ejecuciones extrajudiciales,” lo cual es imposible de probar, y los Comandos estaban en la residencia todavía, y no hicieron nada, son cómplices y por ende culpables. Además de paso, como el encargado principal y quien dio la orden para la operación de rescate fue Alberto Fujimori, no dudarán en perseguirlo judicialmente también.

Imagen Nº 11: Nuestros valerosos Comandos de Chavin de Huantar son victimas de la peor persecusión judicial a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su “delito” fue haber rescatado con vida a los Rehenes de la Embajada del Japón.

Si vemos el historial del Perú ante la Corte IDH, es nefasto. El diario El Comercio, en su edición del 19 de Febrero del 2012, expone que el Perú perdió todos los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Tribunal dictó 26 sentencias desfavorables contra nuestro país.[38]

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe y procesa las denuncias sobre casos de violación de DD.HH. Si se determina la responsabilidad del Estado, se eleva un informe a la Corte de San José. Esta tiene competencia contenciosa para ver los casos y emitir sentencias. En el año 2010, la CIDH admitió 364 peticiones de denuncia contra nuestro país e inició trámite en 86 de estos casos. Estas cifras nos convierten en el país más denunciado del sistema interamericano. También somos el país con más sentencias desfavorables. El Perú ha tenido 26 procesos por violación de derechos humanos ante la Corte de San José y, en todos estos casos, los fallos han sido adversos.[39]

Algunos de estos dictámenes favorecieron a personas procesadas por terrorismo. Entre los casos más recordados, está la sentencia a favor de los senderistas amotinados en el penal Castro Castro. El tribunal estableció, en el 2006, que el Estado debía pagar US$50 mil a los familiares de cada uno de los 41 muertos tras la incursión de las fuerzas del orden en el penal en 1992. También se recomendó que los internos sobrevivientes recibieran US$20 mil. Posteriormente, la sentencia se corrigió y se determinó que el Estado definiera el modo en que se realizarían las reparaciones. Entre los favorecidos con el fallo original estuvieron la hoy prófuga de la justicia, Mónica Feria; Atilio Cahuana, por entonces, ideólogo de las huestes de ‘Artemio’ en el Huallaga; y algunos de los hoy dirigentes del Movadef. Otras sentencias que dieron que hablar fueron las que ordenaron el pago de indemnizaciones a los emerretistas Lori Berenson, Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Pincheira.”[40]

Imagen Nº 12 : Delincuentes terroristas ; entre peruanos y extranjeros; beneficiados por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En setiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.[41]

Imagen Nº 13: Mariela Pinto Rocha en las epocas en que Diego García Sayan era Ministro de Justicia fue contratada como “consultora de la alta direccion de dicho despacho", sin tener titulo universitario. En el 2006 fue nombrada "Asesora Principal"
de la APCI.

Francisco Diez Canseco Távara, presidente del Consejo por la Paz, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neo-marxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.[42]

Diego García Sayan y las Conversaciones Secretas con la Cúpula Terrorista

Diego García Sayan fue Ministro de Justicia del gobierno transitorio de Valentín Paniagua durante el periodo 2000 al 2001. Es con García Sayan donde empieza la persecución a los Comandos Chavín de Huantar y los procesos legales contra estos valerosos miembros de las Fuerzas Armadas.

En este periodo ocurre algo francamente infame. El diario Peruano La Razón tuvo acceso a tres audios que contienen conversaciones de Javier Ciurlizza Contreras, enlace del ministro transitorio de Justicia, Diego García Sayán, con la cúpula senderista en la Base naval del Callao encabezada por Abimael Guzmán Reynoso. Es más, Javier Ciurlizza es enviado personalmente por el mismo Ministro de Justicia a tener conversaciones secretas con Abimael Guzmán y otros cabecillas, a espaldas del presidente Paniagua, y permitió que la cúpula de Sendero Luminoso se reuniera con representantes del gobierno transitorio de manera oculta en el penal de la Base Naval del cALLAO (43).

Es de suma importancia tener en cuenta que La Comisión de la Verdad fue un punto muy importante de la agenda de las reuniones entre el Gobierno y el alto mando terrorista. Se reunieron en varias oportunidades para tratar la política carcelaria del momento, las modificaciones a la legislación antiterrorista, la “solución política a los problemas derivados de la guerra interna” y la formación de la CVR.[44]

Conversaciones:

El emisario de Diego García Sayan, Javier Ciurlizza entró, según fuentes confiables, a las 11.25am del 29 de Marzo del 2001 a un ambiente de la Base Naval del Callao para reunirse con los senderistas Abimael Guzmán (“Presidente Gonzalo”), Elena Iparraguirre Revoredo (Camarada “Miriam”), Oscar Ramírez Durand (“Camarada Feliciano”) y el cabecilla del MRTA Peter Cárdenas Schulte (“Camarada Alfonso”). Ciurlizza hace una introducción y les plantea un tiempo de 15 minutos de intervención individual y un tope de una hora y media para tratar la agenda que está en torno a laflexibilización de la legislación antiterrorista, la formación de la CVR, entre otros puntos que se verán a continuación.[45]

La conversación fluye amistosamente y por momentos hay risas entre los presentes. Todo corrobora que no ha sido la primera reunión, porque la dinámica de la conversación sugiere negociaciones y concesiones del emisario del estado, Ciurlizza sobre aquellos y otros puntos de debate.[46]

Un detalle final: Los paréntesis son inaudibles.

Imagen Nº 14 : Javier Ciurlizza Contreras ; enlace del ministro transitorio de Justicia, Diego García Sayán, durante el”breve gobierno” de Valentín Paniagua; mantuvo “diálogos secretos” con la cúpula senderista en la Base naval del Callao, los cuales serían dados a conocer años más tarde por el Diario La Razón.

AUDIOS CIURLIZZA – GUZMAN, PARTE 1:

Abimael Guzmán Reinoso: (En el primer audio interviene Abimael Guzmán dando cuenta de los cinco, diez, quince años que le han “robado de su vida.” Explica en forma compungida su edad avanzada). ¿Porqué sabe?…Que yo tengo ya mi edad (…) Tantos años encerrado aquí, tanto tiempo (…) Entonces necesito mas visita…Tengo mi familia…”[47]

Javier Ciurlizza*: Vamos a pedir una ampliación entonces, Usted es un padre , tendrá a sus hijos. Usted es un abuelo, tendrá a su madre (…)[48]

*Javier Ciurlizza, emisario del Ex Ministro de Justicia, García Sayan para las conversaciones con los terroristas de Sendero y del MRTA, fue posteriormente secretario ejecutivo de la CVR.

Abimael Guzmán (retoma la palabra y hace una evaluación del momento con estas palabras): “La situación: Se dan normas por este Gobierno, por este Ministro de Justicia actual, Diego García Sayan, que son buenos pasos pero finalmente seguimos aquí. Dos cosas nos parecen saltantes entre otras… Es que ya pase a ser este un sistema carcelario semiabierto.”[49]

“No podemos seguir tantas horas en esta bendita celda. No esta bien, nos está dañando demasiado ya. ¡Hasta donde! La aniquilación que el Gobierno anterior con su mentalidad reaccionaria, quería nuestra destrucción y aniquilamiento. No han podido cumplir su objetivo. Está probado que no nos pueden destruir, ni aniquilar. Porque ese es un problema de lo que pensamos y eso nos sostiene. Los que estamos aquí metidos no hemos hecho crimen alguno.”[50]

“Hemos bregado por seguir en la causa…Eso es lo que nos mantiene en estas condiciones (…) Entonces, ya pues, debemos, como se ha dicho ya (…) poder tener un poco de independencia y libertad.” Seguimos nosotros con una situación (…) de no poder abrir un caño, de no poder jalar la cadena del wáter ¿hasta cuando vamos a seguir así? ¿Que están pretendiendo? Reducirnos a la nada.”

“Debemos tener derecho a deambular, aunque sea en momentos restringidos, abrir las rejas y cada quien que se mueva(…), mirar la televisión, conversar entre nosotros, leer, escribir o lo que fuere…Algo que exprese nuestra condición de seres humanos que tenemos libertad; y no simples entes que se tratan y se manejan como simples mecánicos, eso no tiene sentido.”[51]

“Finalmente ese aislamiento (…) esas cortaduras (se refiere a las alambradas que rodean la Base Naval) rompen vínculos y hay que buscar una salida. Es decirquisiéramos ser hombres políticos como se dice desde Aristóteles (…) que se enamora de la vida… Somos eso pero nosotros tenemos cortaduras, tenemos unas restricciones para vincularnos con los demás (dirigentes de SL) Solamente tenemos vínculos con los nexos familiares mas cercanos, más próximos.”[52]

“Ni siquiera la familia en el amplio espectro, sólo en el dominio doméstico, es decir los familiares más directos o el estrecho vínculo de la familia de casa” “¡Eso no puede ser!¿Entonces qué pedimos? Ampliación de las visitas a otras personas que rebase el círculo familiar y las amistades.”(…) Luego habla de su familia “En fin esas son situaciones que implican tratar mas políticamente el problema” (de la subversión). “Está bien (…) esas son metas y responsabilidades del país (…).[53]

Palabras de Abimael Guzmán: “Méritos de este Gobierno (Paniagua-García Sayan).”Luego Guzmán hace una valoración de la nueva conducta del gobierno de Valentín Paniagua. “Son situaciones entonces (…) de esa voluntad de tratar políticamente y darnos un trato mas acorde y afín. Como se ha dicho acá, ni siquiera se ha dicho que se apliquen las leyes que están plenamente vigentes y vigentes en Perú” (…)[54]

“El mérito de este Gobierno es que la está aplicando y muestra expresamente su apertura a nuestra organización. Pero queremos que también llegue eso a nosotros (a los que están en la Base Naval). Entonces nos parece positivo que el gobierno hable de su materia y se inicien conversaciones. Quisiéramos que se concrete en algo mas específico (…) Eso es lo que pediría yo. Que de una vez se arregle con cada uno de nosotros.”[55]

Javier Ciurlizza: “Muchas gracias a todos Uds. Mientras viene el señor Carlos (…) no se si se podría ordenar los puntos que se han planteado aquí, quizás partiendo de lo mas concreto y específico. (…) Quizás partiendo de lo concreto tendría este orden, un poco en la línea planteada por el señor Peter Cárdenas; que es posible y que no es posible.”[56]

“En primer lugar se dan las condiciones de encarcelamiento, las visitas, todo eso me parece lo más concreto. En segundo lugar deberíamos conversar, si les parece, sobre el pedido de conversaciones y contactos. En tercer lugar el tema de la difusión de las comunicaciones. En cuarto lugar como le llaman ustedes, el tema de la auténticaComisión de la Verdad. En quinto lugar, la revisión de la legislación y juicios. Y finalmente yo diría lo que ustedes denominan soluciones políticas a los problemas derivados de la guerra, que me parece obviamente el tema mas general.”[57]

“(…) Y hay un punto en el que ustedes lo tienen aquí en la carta, que no entiendo bien:Solidaridad con la lucha de todos los presos políticos y prisioneros de guerra. No se si es un tema aparte o está subsumido dentro del tema de “solución política”, o hay algo en especial.[58]

*El ex Ministro de Justicia y posterior Presidente de la CIDH, Diego García Sayan, junto con el ex Presidente Paniagua iniciaron la política de ablandamiento de legislación antiterrorista y la creación de la CVR.

AUDIOS CIURLIZZA – GUZMAN, PARTE 2:

Esta es la segunda parte de los audios secretos de Javier Ciurlizza, secretario del entonces Ministro de Justicia, Diego García Sayan, conversando amigablemente con Abimael Guzmán entre bromas y risas:[59]

Ciurlizza transmitió los saludos de los terroristas Osmán Morote y María Pantoja a Abimael Guzmán, desde el penal de Yanamayo a la Base Naval del Callao. El Emisario del Gobierno, Ciurlizza, les dio explicaciones sobre la política carcelaria del momento.

RESUMEN

El cónclave entre la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA en la base naval del Callao, el 29 de marzo del 2001, con Javier Ciurlizza Contreras, el emisario del ministro de justicia del gobierno de transición, Diego García Sayán, empieza a desarrollar el punto uno de la agenda que es la flexibilización de la política carcelaria. En esta segunda entrega de los audios del escándalo García Sayán, inicia su intervención Elena Iparraguirre Revoredo, “camarada Miriam”, cuya voz es inaudible. Ciurlizza redondea con habilidad los seis puntos de debate, a lo que Peter Cárdenas Schulte, del MRTA, hace observaciones sobre la solidaridad respecto a sus camaradas y familiares.

Peter Cárdenas manifiesta la necesidad de expresar sus planteamientos de solidaridad con ellos y su “derecho de llegar a la opinión pública” porque “se nos ha descrito como son asesinos, animales, monstruos, y un poco que se ha tirado a la población en contra ¿no?, afirma. “El mayor orgullo del gobierno Fujimorista ha sido construir cárceles donde se nos ha controlado, sometido. ¿Cómo puede alguien que tiene una mentalidad (…) haber construido una cárcel como ésta para que nos tengan aquí?, se pregunta.[60]

Veamos en la forma más textual posible estas vergonzosas negociaciones, siempre con paréntesis que indican lo inaudible del diálogo.

AUDIOS CIURLIZZA – GUZMÁN, PARTE 2:

PETER CARDENAS SCHULTE.- “No solamente debe haber una solidaridad entre los presos sino que, de alguna manera, como hacen algunos sectores de la Iglesia, de visitar a los presos ¿no? O sea estimular un sentido de solidaridad. Expresa luego su rechazo a la críticas “como cuando entrevistaban a la mamá de Lori Berenson a quien le decían, “pero su hija ha estado con asesinos, mutiladores, que han mutilado gente acá. ¿Cómo le van a decir eso? Osea acá hay cosas que no comparto. Ellos (los que opinan sobre el terrorismo) deben orientar de alguna manera. No directamente, claro, pero orientar. La verdad es que a veces, escuchando yo, sinceramente (…)”.

“Yo le tengo un gran aprecio, no la conozco, yo le tengo un gran aprecio a la doctoraSusana Villarán. Pero cuando habla de las cárceles dice “¡no, yo con los terroristas no, nada que ver, los terroristas no!”. Una demócrata, una persona que se ha hecho de la izquierda, que está preocupada por los derechos humanos, que se exprese de esa manera, de verdad yo no entiendo. Yo al menos cuando decimos solidaridad con los presos (…), creo que hay algo que nosotros no compartimos.”

JAVIER CIURLIZZA CONTRERAS .- “Eso lo podríamos ver al final junto con el tema del mecanismo de conversaciones que sigue después. Yo quisiera, como decimos los abogados, hacer una cuestión previa. Como se ha dicho se ha flexibilizado el régimen penitenciario en todos los penales controlados directamente por el Ministerio de Justicia mediante el decreto supremo 003-2001-JUS.”[61]

“Eso ha llevado a dos efectos: uno positivo y uno negativo. El primer efecto ha sido el positivo, que ha llevado a una cuestión ética de principios. Como decía el ministro (Diego García Sayán), se restablece como debe ser. Me refiero a los derechos de los internos. Entonces, mi intención ha sido, como ustedes ya deben saber, bastante amplia (…)”[62]

“… las horas del patio son todo el día. El desencierro es a las 6 de la mañana, el encierro a las 8pm; es un encierro parcial, incluso pueden permanecer en los pasillos hasta las 10 de la noche. No se permite el acceso de familiares de cualquier tipo ni de amigos. Se permite el acceso de abogados cualquier día durante la semana sin previo aviso, sólo con su carnet de abogado y su acreditación que representa a la persona a la cual va a visitar. Y se ha hecho para todos, desde el delincuente menor que robó el toca-casset de un carro hasta el violador múltiple, pasando por todos los presos acusados por terrorismo y traición a la patria. Ese es el efecto positivo”.[63]

Efecto negativo

“Sin embargo, quiero comentarles que al no tener lamentablemente ahora, por una deficiencia mas bien estructural, un régimen adecuado en términos de cárceles bien construidas, servicios bien provistos, con seguridad suficiente, el impacto de la flexibilización ha sido complicado ¿no?. En algunos casos ha funcionado bien. Debo decirlo que, por general, ha funcionado bien. Pero en el caso de los presos comunes ha habido problemas. (efectos negativos)”. Por ejemplo, no digo que sea una consecuencia, pero sí algo ha tenido que ver el abrir tanto (…) en el caso específico de los que están en bandas, robo agraviado, que se llama terrorismo especial, terrorismo agravado. Se han aprovechado de esa flexibilización para hacer cosas impresionantes. Tenemos el caso del túnel de Castro Castro.”[64] (Interrupciones inaudibles de los internos. Al parecer comparan, entre bromas, con el túnel construido por el MRTA en el gobierno de Alan García).

JAVIER CIURLIZZA CONTRERAS.- “No, pero este es un túnel más moderno y más largo…” (Risas de los presentes). “La autoridad debe tener recursos disciplinarios frente a faltas e indisciplinas en los penales. Entonces, se ha dictado un decreto supremo que no elimina el anterior, pero que permite al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a suspender determinados beneficios ¿no? en caso de medidas de inconducta. Ahora no se ha aplicado ninguna sanción, se ha recurrido al diálogo, y esto irrestrictamente, como un tema de administración en el sistema penitenciario. Hemos tenido lamentablemente que trasladar a un pequeño grupo de (presos) comunes de Castro Castro, muy en contra de nuestra voluntad (…)”.”Es un sistema muy difícil de manejar. Inclusive el ministro (

Agosto/2012. SOBRE LAS ONGs

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Dinero Destinado a ONG’s y por el Estado Peruano para Reparaciones a Terroristas desde el año 2000.

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Publicado el 21/07/2012 por picanteperu2012

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